El alcalde de Arica está suspendido, así que le tocó al alcalde que subroga hablar con respecto a la amnistía inmigratoria. Por supuesto que está en contra, y con razón, arguye que es una ley que se firmó en Santiago en donde el impacto será mínimo (¿0,25% de la población?) mientras que en Arica los ilegales representan un 4% de la fuerza de trabajo.
Como vimos en el post anterior, esta mayor incidencia dentro de la fuerza de trabajo representará menores sueldos y mayor cesantía para los chilenos en esa zona, así como fuertes incentivos para que más inmigrantes ilegales crucen la frontera a la espera de un nuevo perdonazo.
Algunas personas bienintencionadas dicen que esta medida es útil ya que permite terminar con la explotación de los trabajadores que ya se encuentran ilegalmente en el país. Este tipo de comentarios peca de no atender a la causalidad de los eventos: para terminar con la explotación de los trabajadores ilegales lo que se debe hacer es encarecerlos.
Esto se logra tomando medidas más duras y efectivas en contra de la contratación ilegal, estableciendo multas y medidas ejemplarizadoras contra los que violen la esencia de la ley laboral. De este modo, se eliminarán los incentivos para que una empresa obtenga una ventaja en costos a través del empleo de inmigrantes ilegales, ya que las consecuencias (económicas, penales y reputacionales) no compensarán el riesgo.
Todo lo demás es ‘wishful thinking’, generalmente los que emigran no son los más necesitados de un país, éstos son demasiado pobres como para aspirar a comprar un pasaje. De este modo, si lo que nos anima es un espíritu solidario con nuestros vecinos, ayudemos de la forma que sea más efectiva posible, y no terminemos aceptando por default a quien sea que venga.
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