martes, 26 de octubre de 2010

La Vida Barata (o el por qué la mina san José seguía operando)


Ahora ya estamos todos contentos de que el caso de los 33 mineros acabó, pero sabemos que los accidentes en las minas seguirán ocurriendo. Esto nos queda claro después de ver la siguiente noticia  publicada en El Mercurio este fin de semana.

¿Cuánto vale una vida humana entonces? Debe ser más de los 3,8 millones comprometidos en el seguro laboral de Roberto Benítez, que sólo serán un paliativo temporal para los problemas de una cabeza de familia.
Obviamente una vida humana no tiene precio, sin embargo en economía se ha buscado responder a la pregunta de cuál es el valor equivalente de una vida, tomando en cuenta la aversión al riesgo de las mismas personas – los valores obtenidos son altos y en nada comparables a un típico seguro laboral.
A pesar de la incertidumbre en cuanto al monto, lo que sí podemos saber es  que si las acciones de algún agente no se condicen con el valor estimado de las vidas humanas bajo su responsabilidad, lo más probable es que el costo de esas vidas no esté siendo asumido por el que aparece como responsable. El empleador está usando mano de obra artificialmente barata ya que no internaliza los costos  asociados a la muerte o invalidez de sus trabajadores.
Algo de  eso hay en el caso de la mina san José.  A raíz de lo cual envié la siguiente carta a El Mercurio


La Vida Barata

Señor Director:

 El accidente en la mina San José refleja un problema de alcance general: los incentivos que tienen las empresas para disminuir los riesgos laborales son demasiado bajos.  La vida de un trabajador no tiene un costo tan alto que haga que las prácticas más riesgosas se eliminen.
Según veíamos en una entrevista a los dueños de la mina San José, sus trabajadores no estaban asegurados por el alto costo de los seguros. El problema no era que los seguros hubiesen sido caros, sino que el riesgo era muy alto, los empresarios no internalizaron el costo de la vida de sus trabajadores y esa utilidad ficticia fue la permitió que las operaciones continuasen.
Por ello, debemos transparentar los costos del riesgo mediante el uso obligatorio de seguros, impuestos por ley y fiscalizados por la autoridad pública, que hagan que la vida de los trabajadores sea cara.
  Para ello se podría imponer un seguro obligatorio de vida, salud y rescates para los trabajadores de las minas que los cubra con una indemnización significativa, y  que implique como mínimo obtener un monto equivalente a los ingresos futuros que el trabajador habría obtenido.
 Esto implicaría que los riesgos de la operación estarían siendo fiscalizados adicionalmente por una compañía aseguradora, y suponiendo un mercado de seguros competitivo, esto haría que las empresas tuviesen los incentivos inmediatos para tomar aquellas medidas más eficientes en reducir sus riesgos —y reducir así el costo de sus primas— transparentando el costo real que tienen sus operaciones y entregando ventajas competitivas a aquellas empresas que logren avances significativos en la protección de sus trabajadores.
Germán Vera Concha


En resumen, la mina san José tenía números azules porque el costo de la vida de sus empleados no estaba internalizado en la contabilidad.

Esta situación no se limita a la minería, es clásico ver por las noticias las fiscalizaciones a los buses interurbanos previas a fiestas patrias en donde la tasa de infracciones es altísima. Las empresas de transporte saben que al final del día, los seguros obligatorios para pasajeros no representan una parte importante de sus costos de operación, y en caso de un accidente grave, la amenaza de un juicio que se puede prolongar por años hace que las víctimas lleguen rápidamente a un acuerdo reparatorio, la vida de los pasajeros a ellos también les sale barata.


Finalmente hay que agregar que para que la vida de los trabajadores/pasajeros sea cara, el seguro debe ser obligatoriamente impuesto y vigilado por el estado, por un monto considerable y fijado claramente en la legislación. La seguridad es una característica oculta dentro de un producto o de un trabajo, por lo cual no se puede dejar al consumidor/trabajador solo en la evaluación de los riesgos que enfrenta, ya que en ese caso la decisión que se tome no será eficiente.